Perú: Los chantajes del Banco Mundial

Categoría: ¡Ahí están, esos son!,Sin categoría |

banco-mundialRocío Silva Santisteban

31 de enero, 2017.- La semana pasada ante el TC en Arequipa, los abogados Juan Carlos Ruiz y Henri Carhuatocto, acompañados de la activista indígena, Gladys Vila, sustentaron la acción de inconstitucionalidad que la CNDDHH presentó en el año 2014 contra la Ley 30230 más conocida como “paquetazo antiambiental”. ¿Por qué esa ley es lesiva a las comunidades indígenas? Precisamente porque las afecta en lo que constituye el núcleo duro de su identidad: su territorio. Pero además porque estipuló recortes a instituciones de protección ambiental como la OEFA, luego de las tremendas multas que impuso a numerosas empresas como Yanacocha o Volcan, entre otras, dándoles amnistía o reduciéndolas. El Estado dejó de ganar millones en multas gracias a esta ley para “destrabar la tramitología”, esa palabrita inventada por Roberto Abusada del IPE (Francisco Durand dixit).

Lo lamentable de esta ley es que fue cocinada en el Banco Mundial. Así como lo leen: el Banco Mundial, institución que me envía como suscriptora un reporte sobre los progresos que el planeta realiza con su ayuda en torno a la pobreza y la desigualdad, fue quien la “impulsó” en el marco de acciones previas a la aprobación de un Préstamo para Políticas para el Desarrollo (DPL en inglés). En otras palabras: chantajeó al gobierno de Ollanta Humala con la necesidad de esta ley para poder dar un préstamo, cuando el mismo Banco Mundial se vería beneficiado por las obras de infraestructura en zonas de territorios indígenas (el BM, por ejemplo, tiene el 5% de las acciones de Conga). Ah… el BM, además, con esta norma, facilitó el Gaseoducto del Sur, ergo, a Oderbrecht.

Esta política es intolerable. Somos testigos de lo que ha implicado el poder del BNDES y su juego con empresas corruptas expuestas en Lava Jato, juego afilado por los préstamos a gobiernos “progresistas” de la región cuando, debajo, las empresas tenían a sus corruptores sumamente organizados rompiéndole la mano a cuanto funcionario público se le pusiera delante. Por eso hay que desenmascarar a quienes, a través de este tipo de “incidencia”, que no es otra cosa que alisar las sábanas para tender la cama, pretenden presionar y condicionar a los gobiernos.

Ese es el escenario que busca el BM con el actual gobierno de PPK a través de la Alianza con el Perú 2017-2021. Al parecer el pánico al decrecimiento de la economía sigue produciendo laxitud en torno a las medidas que deben cuidar nuestro medio ambiente y proteger a los pueblos indígenas. Como sostiene el comunicado de DAR, Red Muqui y 50 otras instituciones sobre el BM y los decretos legislativos de PPK: “En algunos de ellos hay un retroceso en materia de derechos de los pueblos indígenas, transparencia, seguridad territorial, flexibilización de la normativa minera, derecho al agua, minería informal, flexibilidad laboral, entre otros”.

Este comunicado y algunos analistas, como José de Echave, concluyen que la flexibilización y desprotección anterior han sido un fracaso: “La ley 30230 prometía mayor inversión, sin éxito, ya que el Perú, desde 2011 se ha mantenido en el puesto 67 del ranking de competitividad Doing Business”. No hubo ningún efecto sobre dinamización de inversiones, pero sí aumentó la conflictividad social y la corrupción.

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Fuente: diario La República: http://larepublica.pe/impresa/opinion/844311-los-chantajes-del-banco-mundial

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