La renuncia en cadena

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93392Francisco Torrealba

María de la Esperanza Hermida

 

Y es que si usted o yo, una organización popular o de la sociedad civil vamos en conjunto o individualmente al TSJ a pedir justicia, no nos hacen caso. Esa alta institución del Poder Judicial actúa parecido a la Contraloría General y a la Defensoría del Pueblo: avalan lo que hace el Ejecutivo Nacional
Luego del rechazo nacional a la Resolución 9855 que impone el trabajo forzoso, un diputado oficialista dijo que hubo un error de tipeo y que se quiso decir voluntario, pero se escribió obligatorio. Si eso es así, debido a la magnitud del error, no solo el ministro que firmó el asunto debería renunciar, sino también otros funcionarios de alto nivel. 

Por ejemplo, una entidad como la Contraloría General debería investigar qué pasó y determinar el alcance de la responsabilidad administrativa comprometida. Evidentemente, se trata de un error que, de ser cierto, retrotrajo las relaciones laborales al siglo XIX venezolano, para expresarlo de forma sencilla. Cabe preguntarse si la máxima conducción de ese organismo reflexiona acerca de su rol dentro del Poder Ciudadano. En este tipo de situaciones ¿habrá que hacer una denuncia formal, llevar la gaceta oficial como prueba? La Contraloría General actúa con notable celeridad y eficacia en otros casos de funcionarios públicos no oficialistas, cuya situación no amerita un gran esfuerzo memoria cercana

84671Gaceta

El Defensor del Pueblo es otra particular figura en el supuesto de un error del Ministro del Trabajo: primero acompañó de manera pública y solidariamente el texto de la Resolución 9855 y luego, hasta señaló que debía esperarse a su aplicación para evaluar sus efectos, sin criticarla a priori. En este caso, si en efecto hubo un error del Ministerio del Trabajo -como dijo el diputado del PSUV-, lo menos que la ciudadanía podría esperar es una autocritica de quien debe defender al pueblo o en el mejor de los escenarios, repetimos, por la gravedad del tema, podría esperarse su renuncia.

Ahora bien, en un país donde el TSJ no admite demandas contra el Estado y cuando lo hace, no declara con lugar las exigencias del Pueblo frente a los desmanes del Estado, hay que recurrir a alguna instancia institucional. En este sentido, FundaHumanos, organización que defiende derechos humanos, introdujo ante la Fiscalía una solicitud para restablecer la vigencia de la Constitución frente a la arbitrariedad contenida en la Resolución 9855. Alegando las atribuciones que este organismo tiene, según los artículos 273 y 274 de nuestra carta magna, FundaHumanos pidió a la Fiscal que demande la nulidad del acto ministerial porque viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los artículos 23 y 87 de la misma Constitución venezolana, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo (2006).

Y es que si usted o yo, una organización popular o de la sociedad civil vamos en conjunto o individualmente al TSJ a pedir justicia, no nos hacen caso. Esa alta institución del Poder Judicial actúa parecido a la Contraloría General y a la Defensoría del Pueblo: avalan lo que hace el Ejecutivo Nacional. De ahí el intento de agotar el derecho interno, pues sabemos que por menos que esa grave equivocación ministerial, si es que fuese cierta, y por menos que las actuaciones descritas de algunas de las autoridades públicas, todas bien alejadas de la eficacia, si se tratara de usted quien comete un error en su trabajo, lo despiden o le piden la renuncia.

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