Ligia Bolívar: “Nos han rebanado el derecho a protestar”

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La Razón

La directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés BelloLigia Bolívar, ve con preocupación la restricción progresiva del derecho a manifestarse en Venezuela. A juicio de la especialista en derechos humanos, el Gobierno de Nicolás Maduro tiene “tolerancia cero” a la protesta, que reprime para por temor a que se replique lo sucedido en las llamadas guarimbas de 2014.

La socióloga explica que el derecho a la protesta pacífica no ampara los daños a personas o bienes públicos, y que el Estado está facultado legítimamente a tomar las acciones necesarias, bajo la premisa del uso progresivo de la fuerza, para contener eventos violentos.

El panorama de derechos como la libre expresión, la manifestación pacífica y la participación política es negativo para Bolívar, así como la actuación de la Defensoría del Pueblo en el país. Tras las detenciones masivas de 2014, se cuestiona si realmente los maltratos y torturas denunciadas fueron políticos o si se trata más bien de una práctica ya arraigada en la actuación de los cuerpos policiales y militares venezolanos.

¿Se criminaliza la protesta en Venezuela?

Poco a poco nos han ido rebanando el derecho a protestar. Lo primero fueron las zonas de seguridad en el año 2002. Según datos de Control Ciudadano, estas abarcan un 30% del territorio nacional. Es decir, son zonas vetadas para la protesta social. Luego vino la incorporación de la obstaculización de vías como delito en el Código Penal. En 2012 comienza a aplicarse la Ley Antiterrorismo a personas que están en protestas. El 11 de febrero de 2014, el día antes de la marcha grande y nacional, hay una decisión de Conatel [Comisión Nacional de Telecomunicaciones] de censura previa en la que se le advierte a los medios de comunicación que no pueden mostrar imágenes de violencia por respeto a los derechos de los niños. Eso es una doble violación, porque se coarta la libertad de expresión y el derecho a la protesta. El 24 de abril de 2014 tuvimos la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que habla sobre un supuesto permiso para manifestar y autoriza a la actuación de los órganos de orden público para el control de manifestaciones, y luego vino el decreto 8610, que faculta a los componente militares a actuar en acciones de orden público. Ya cuando llega esta resolución la pregunta es ¿con qué tipo de balas te van a disparar?, porque ya nos quitaron todo. Es muy grave.

Cuando habla sobre la sentencia del TSJ sobre pedir permiso para manifestar, ¿se refiere a que ahora no solo hay que notificar a la autoridad competente sino que hay que solicitar un permiso?

Eso es lo que dice el TSJ, no es lo que dice la Constitución, ni lo que dice la Ley Orgánica para Partidos Políticos. No es lo que dicen los estándares internacionales, que insistentemente han reiterado que no se necesitan permisos. Por una cosa obvia, si vas manifestar no tienes por qué pedir permiso a la autoridad contra la cual vas a manifestar y por esa misma razón la manifestación es un acto público, por eso no te pueden decir que no puedes obstaculizar una vía.

En una manifestación, los que no participan, ¿no ven también vulnerados sus derechos al libre tránsito?

En cualquier país democrático, tú primero notificas y las autoridades toman medidas. Entonces no se obstaculiza el libre tránsito porque existen vías alternas. Si no puedes pasar por unas, pasas por otras. No es que hay una sola calle en el país y por lo tanto se le obstaculiza el libre tránsito a las otras personas. Las autoridades están en la obligación de facilitarte el desplazamiento por esas otras vías.

“AQUÍ NO VAN A VENIR LOS CASCOS AZULES DE LAS NACIONES UNIDAS A INVADIR EL PAÍS. ESO ES UNA FANTASÍA”

¿Qué implicaciones tiene que se haya facultado a los componente militares que anteriormente no ejercían labores de orden público?

Ese es el otro detalle, la resolución le da esa atribución de control de orden público a todos los componente de la Fuerza Armada que no tienen ningún tipo de formación para hacer eso. Tan grave fue la cosa que semanas después de la resolución salió Luisa Ortega Díaz, la fiscal general, diciendo que le iban a comenzar a dar cursos a los funcionarios de los componentes de la Fuerza Armada para que hicieran control de orden público en manifestaciones. Admitieron que lanzaron a los funcionarios de la Fuerza Armada a la calle sin capacitación. Los cuatro componentes no tienen la formación ni los equipos. La Armada no tiene cascos, ni escudos, ni lacrimógenas, ni nada de eso.

Sin embargo la Guardia Nacional tiene dentro de sus competencias el orden público.

Sí, de nuevo, en cualquier país democrático esa competencia de la Guardia Nacional no se ejerce directamente, sino cuando las fuerzas policiales se ven desbordadas y piden apoyo. Pero el control sigue siendo civil. La policía no puede sola y se llama a la GNB para tener un refuerzo. Aquí te mandan directamente a la GNB y si acompañan a la policía, ellos toman el control. No están subordinados a la autoridad policial. Otro problemita que hay que destacar es que después de la muerte de Mónica Spear, la desmilitarización de la policía que se logró cuando se creó la Policía Nacional, se revirtió. Tras la muerte de Mónica Spear, la brillante solución que consiguieron fue la militarización. Destituyen a la rectora de la Universidad Nacional Experimental de Seguridad y ponen a un militar, ponen un militar en el Ministerio de Relaciones Interiores y otro a cargo de Seguridad Ciudadana del Ministerio y además ponen a un militar al frente de la Policía Nacional. Militarizan completamente todo lo que es seguridad ciudadana.

¿Cómo evalúa la actuación de la Fuerza Armada en relación al orden público en los últimos meses, tras la resolución 8610?

Eso ha significado que ellos han asumido progresivamente competencias que no le corresponden. Por lo tanto, ellos se sienten empoderados para dispararle desde cualquier componente a cualquier persona que se encuentre, por ejemplo, obstaculizando una vía, pero eso es consecuencia de la restricción progresiva de los espacios desde 2002. Hay otra cosa brutal que fue la medida cautelar de la Corte Común de lo Contencioso Administrativo, cuando ya directamente dicen que no se puede manifestar en ninguna sede del Poder Electoral y además instan al Ejecutivo a declarar esos espacios como zona de seguridad.

¿El balance podría ser que el Gobierno de Maduro es mucho más represivo de lo que fue el de Hugo Chávez?

Es mucho más represivo. Hay tolerancia cero en el Gobierno de Maduro. En la época de Chávez no era de esa manera; en este momento la reacción es mucho más represiva. Comenzaron a meter preso a todos los que tomaban fotos en la colas, así como a los que llevaban agua y café para generar espacios de reflexión en las colas. Hay una situación progresiva de vulneración del derecho a la protesta y de la libertad de expresión, en la medida en la que se restringe mucho más allá de lo que dice la ley.

Ahora, ¿qué hacer con los múltiples focos de violencia que se presentan tras protestas, en las colas?

Hemos estado hablando de protesta pacífica, no de destrucción de bienes públicos, saqueos. En esas situaciones las autoridades tienen toda la capacidad de actuar de acuerdo con la ley, bajo el principio del uso progresivo de la fuerza y tienen la legítima potestad de actuar. Pero es que ese no ha sido el punto, el punto es que se llevan presa a una gente que lleva café y agua o que está tomando fotos. Tenemos que hacer una distinción muy clara, y en eso hemos insistido hasta el cansancio: la destrucción de bienes públicos y el daño a las personas, a los funcionarios, no está protegido por el derecho a la protesta pacífica. Ahí las autoridades tienen que actuar. El problema es que lo deben hacer acorde a la ley y eso no lo hicieron en 2014, y mucho menos lo están haciendo ahorita.

¿Qué hacer si eres manifestante pacífico y estás en un evento en el que las cosas comienzan a salirse de control?

Cuando las protestas han sido convocadas en Venezuela y en cualquier otra parte también, las convoca alguien que se hace responsable. Normalmente esa personas terminan la actividad y se van. Si quedan agitadores, provocadores o infiltrados, que también se dan, las autoridades tienen el legítimo derecho de actuar contra esas personas, pero no contra toda la población. Nadie que haya sido convocante de una protesta en la que se haya metido un infiltrado es responsable del infiltrado. Lo vimos el mismo 12 de febrero [de 2014] cómo entre ellos mismos terminaron matándose. Como ejemplo está el caso del funcionario Juancho Montoya.

¿Cómo evalúa la situación general de Venezuela en materia de derechos humanos?

No puedo hacer una evaluación general, porque no llevamos todos los derechos humanos. Me remito a las áreas en las que trabaja el Centro de Derechos Humanos y en estas áreas es negativa y cada vez peor. Es decir, lo que tiene que ver con el derecho a la libertad de expresión, en lo que tiene que ver con el derecho a la manifestación política y pacífica, que está vinculado a la libertad de expresión, y otro derecho que trabajamos es el derecho a la participación política, donde estamos viendo cómo se utiliza, desde que se dio a conocer la “Lista Tascón”, como una política pública de Estado la discriminación política de los ciudadanos para el acceso a trabajo, a servicios, a derechos. Eso en este momento también está pasando: se está condicionando el acceso a las bolsas de comida de los Comités Locales de Abastecimiento Popular (Clap) a una preferencia política.

¿Hay delitos de lesa humanidad en el país?

No. Esa es una categoría muy delicada, que tiene una serie de requisitos. En todo caso, las violaciones que hay en los derechos humanos son suficientemente graves. No hay que ponerles calificativos mayores, ni tratar una cosa por otra. Nosotros tenemos una cosa que hacemos recurrentemente, y que yo califico como inflación de derechos, aquí matan a dos y es masacre, matan a tres y es genocidio.

¿Hay instituciones internacionales que puedan conminar al Estado a tomar acciones para mejorar la situación de estos derechos en el país?

Los organismos internacionales vienen conociendo lo que ocurre en el país desde hace muchos años. Tanto a nivel de las Naciones Unidas como a nivel interamericano y han hecho todo lo que está a su alcance, dentro de lo que es su mandato, para advertir al Gobierno, para repudiar las acciones. El problema es que el Gobierno pretende, aunque no lo ha logrado, ser absolutamente impermeable a la vigilancia internacional, que no es injerencia ni violación a la soberanía. Porque en el mismo momento que un Estado acepta la competencia de los organismos de los derechos internacionales para recibir denuncias, está renunciando parcialmente a esa soberanía. Eso es parte de lo que significa la defensa internacional de los derechos humanos. El problema aquí es que el Gobierno pretende ser impermeable a los llamamientos de los organismos internacionales y por esa razón la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos no ha podido ingresar al país dese mayo de 2002. Tenemos 14 años que la Comisión no tiene acceso al territorio venezolano y desde el año 1996 que no se da acceso a los expertos de las Naciones Unidas.

¿Eso quiere decir que la presión internacional no ha funcionado?

Sí ha funcionado. Sí funciona. No es que los países están mirando a otro lado. Muchos de los insumos que se utilizan en los debates de la Unión Europea y de las Naciones Unidad provienen de los organismos internacionales de derechos humanos y de la sociedad civil venezolana.

“ADMITIERON QUE LANZARON A LOS FUNCIONARIOS DE LAS FUERZAS ARMADAS A LA CALLE SIN CAPACITACIÓN”

¿Puede el Gobierno impermeabilizarse?

Puede, pero no debe. En ese momento se coloca el embargo a los derechos humanos y comienza a ser un Estado forajido. En materia de derechos humanos se parte de la base de la buena fe. Aquí no van a venir los cascos azules de las Naciones Unidas a invadir el país, aunque esa es la fantasía que ellos están montando para no declarar la crisis humanitaria en salud. Eso es mentira. Ese tipo de sanción en materia de derechos humanos no sirve.

¿Hay independencia de los poderes públicos en el país?

Está más que comprobado que no. El Estado venezolano secuestró la independencia de los poderes públicos en 2004. Lamentablemente, con una deplorable actitud de la oposición. En el momento en el que la oposición decidió no presentarse a las elecciones parlamentarias le dejó el camino abierto al Gobierno para ocupar todos los poderes públicos, que fue lo que hicieron. Hay una responsabilidad gravísima de la oposición.

¿Qué es lo más grave que ocurre en el sistema de justicia?

Lo más grave es que no se toma ninguna decisión sin consultarla al Ejecutivo, en todos los ámbitos. No solo en el Tribunal Supremo, también en tribunales penales, en la Sede Contenciosa Administrativa y al que no consulta corre con las consecuencias que tuvo la juez María Lourdes Afiuni.

¿Se cumple el debido proceso en Venezuela?

No. En el momento en el que tienes una Defensa Pública altamente politizada, donde en este momento quien la dirige fue una juez muy cuestionada por el papel que jugó en el caso López. Lo vimos en el 2014 también. Ese año se pretendió imponer defensores públicos a los detenidos y había un trabajo de chantaje hacia los estudiantes y otros detenidos, donde se les decían que aceptaran a los defensores públicos porque les iba a ir mejor que con abogados privados u otras organizaciones de derechos humanos. Entonces los defensores públicos les decían que admitieran los hechos. ¿Por qué una persona que no ha cometido delitos tiene que admitir hechos? Ocurrieron situaciones en las que no se publicaban las listas de los detenidos, llegaban los abogados a buscar por todo el Palacio de Justicia a los detenidos y los conseguían ya en las audiencias. Hubo lesionados y la Defensa Pública nunca le dio el derecho de palabra a sus defendidos para que explicaran ante el juez la causa de las lesiones que presentaban. La misma Defensa Pública está siendo funcional para asegurar la impunidad de las violaciones a los derechos humanos, de las torturas y maltratos.

¿Manejan cifras sobre la vulneración de los derechos de los presos comunes?

No, porque no es nuestra área de acción. Nos llamó la atención que cuando trabajamos los testimonios de las personas detenidas verificamos que estábamos en presencia de una tortura no sistemática, pero sí generalizada. Se produjo en la Guardia Nacional, en la Policía Nacional, en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, por todas partes por donde pasaron les dieron, pero no de la misma manera. Por eso digo que no es sistemática. La pregunta que nos queda es si estos funcionarios eran unos angelitos de Dios hasta el 11 de febrero de 2014 y se convirtieron el 12 en unos diablos… ¿o es que tuvimos acceso privilegiado a personas que sí tienen cierta consciencia de sus derechos y por eso estuvieron en capacidad de denunciar?, mientras que el pobre que agarran en un barrio, al que no tenemos acceso, eso le parece que es normal, que eso forma parte de la bienvenida que le dan en un órgano de detención; o no denuncia porque no tiene los recursos, la forma de acceder a las organizaciones. La pregunta que queda es si esto fue una cuestión política o es una práctica ya arraigada y que ahora simplemente tuvimos acceso a la información.


El defensor cuestionado

¿Qué opinión tiene sobre el defensor del Pueblo? ¿Cómo califica su actuación?

Poniendo a un lado la gestión de Dilia Parra Guillén, que fue la primera defensora del Pueblo, porque fue un nombramiento provisional, en la transición a la nueva Constitución, los otros tres defensores (Germán Mundaraín, Gabriela Ramírez y Tarek William Saab) han sido nombrados de una manera irregular. Hay normas de Naciones Unidas que rigen para las instituciones de derechos humanos en las que entran defensores del pueblo u ombudsman, como se llamen en cada país, donde el primer criterio que tienen que cumplir las defensorías del pueblo es la independencia. El primer indicador para garantizar la independencia es que ese nombramiento se ajuste a una norma, que sea acatada y cumplida de manera transparente con participación de la sociedad civil. Para empezar, ninguno de los tres ha cumplido con esos criterios. De ahí en adelante hay ausencia de independencia en los hechos diarios. A consecuencia de eso, este órgano internacional de las Naciones Unidas, que cada cinco años hace una revisión del comportamiento real de las defensorías del pueblo del mundo, emitió el año pasado un dictamen donde baja a la Defensoría del Pueblo de Venezuela de la “categoría A” a la “categoría B” y da plazo de un año al defensor del Pueblo para hablar “alto y claro” sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, y se refirió a varias situaciones como el caso de la juez Afiuni, de Leopoldo López y de las detenciones masivas de 2014 y se le pidió pronunciarse sobre la denuncia contra el Gobierno de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Pasó este año y el señor defensor ha tenido silencio total sobre todos estos temas, por lo que hubo una revisión en mayo de este año donde se decidiría si se ratifica esa categoría B. El resultado de eso no es público, por lo que no sabremos qué decisión final se tome. El comportamiento de la Defensoría no solo es cuestionado a nivel internacional, sino que este organismo está en constante vigilancia.

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