Atropellada familia por llamadas operaciones de liberación y protección del pueblo (OLP)

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pnnota para La Guarura, palabra de los pueblos en lucha

Denuncio ante este medio alternativo el atropello al cual fui sometida, junto a mis hijos − entre ellos dos menores de edad− el día miércoles 29 de julio, cuando un grupo de funcionarios pertenecientes a las llamadas Operaciones de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) irrumpió en mi humilde vivienda, ubicada en el estado Aragua, sector Yaguare, entrando a la población de San Sebastián de los Reyes.

Estos funcionarios entraron a mi vivienda aterrorizando a mi hija de apenas catorce años, quien en ese momento se encontraba sola, y le manifestaron que iban a revisar la casa porque había una denuncia de robo de un equipo de sonido en “La Yaguara Posada Campestre”, lugar en el cual ellos mismos se encuentran alojados, y que está ubicado detrás de mi residencia.

Al momento de retirarse estos funcionarios, llegó a mi hogar otra de mis hijas, y al darse cuenta del hecho, fue junto a su esposo en moto a reclamar el ingreso arbitrario a nuestra casa y la angustia generada a su hermana menor, y por toda respuesta recibió una golpiza por parte del funcionario a cargo del operativo. Su esposo intervino para evitar el maltrato, y también fue golpeado. Ambos fueron detenidos y despojados de la moto y del celular.

Ante estos hechos acudí junto a mi hijo menor de edad, al Comando de la Policía a exigir los dejaran en libertad porque no estaban tratando con delincuencia, sino con personas honestas y humildes, y fuimos salvajemente golpeados por estos funcionarios. Privados de libertad, golpeados en innumerables ocasiones e incomunicados por dos días.

No se le permitió a mi esposo, quien es abogado, tener acceso a las actas ni hablar con nosotros, y sólo se le dio acceso a información en el mismo instante en el cual nos presentaron al juicio, día viernes 31 de julio, cuando nos obligaron a firmar un acta amañada según la cual los oficiales habían avistado la moto de mi hija y su esposo y le habían dado voz de alto. Al no detenerse, ellos lo habían seguidos y mi hija y su esposo se habían puesto violentos. En mi caso particular, afirmaron que yo me había presentado en el Comando de la Policía en forma grosera y los había agredido con piedras. Nunca mencionaron el  ingreso a nuestro rancho, la presencia de menores de edad, las golpizas que nos propinaron a todos, y el calificativo de malditos marginales que siempre nos dirigían cuando se referían a nosotros.

Denuncio así mismo la coacción recibida: si no firmábamos el acta fraudulenta, la Fiscal advertía que debíamos quedar detenidos y que pasaríamos a juicio, y que si firmábamos, se nos daría libertad y en sesenta días se nos daría a conocer los resultados del procedimiento, que con suerte sería la aplicación de trabajo comunitario. Firmamos para poder salir porque durante los días que estuvimos privados de libertad, fuimos incomunicados, golpeados y maltratados frecuentemente.

Acudo a este medio porque quiero hacer pública esta situación. Temo por mi vida y la de mi familia. Estos funcionarios se alojan en esa posada que queda detrás de mi residencia. Acudí a Fiscalía 20 de Derechos Fundamentales y al Servicio de Inteligencia Policial para denunciar todos estos hechos, y a juzgar por la conducta de estos funcionarios, no me extrañaría que tomen represalias contra cualquiera de nosotros. Por ello, los hago públicamente responsables por lo que pudiera ocurrirnos a cualquiera de nosotros.

Hago asimismo un llamado también a la comunidad para que no permita este tipo de atropellos, porque si bien somos conscientes de que existe la necesidad de aplicar sanciones a grupos delincuenciales, no pueden las autoridades actuar al margen de la ley atropellando a gente humilde, sólo por el hecho de vivir en sectores populares.

A la delincuencia no puede ni debe enfrentarse con más delincuencia, y en este caso que denuncio, es claro que estos funcionarios han actuado al margen de la ley y han violado nuestros derechos constitucionales

Hoy soy yo y mi familia la víctima de estos abusos, mañana podrían ser cualquiera de ustedes.

 

Laura González

C.I. Nº 12.310.103

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