No nos patenten la vida Campaña contra la privatización de las semillas en Argentina ( para recoger firmas adherentes en Venezuela). Firmar en comentarios.

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ley de semillas K 2014

Enviado por la compañera Norma Garriaca para convocar adherentes al documento en Venezuela

Una nueva amenaza de las corporaciones agro-biotecnológicas se cierne ante la sociedad: la modificación de la legislación vigente en materia de semillas. Se trata de un anteproyecto para la reforma de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas (Ley N° 20.247/1973) que está siendo impulsado por intereses concentrados del agronegocio. Su versión preliminar ya estaría en manos del Poder Ejecutivo para su última revisión, a la espera de ser enviado al Congreso Nacional para su tratamiento.

En un contexto mundial marcado por un fuerte embate del neoliberalismo -que incide sobre  la producción y el comercio global de alimentos (transformados en commodities)-, la expansión del extractivismo agrario, el aflojamiento de controles ambientales y la desaparición de pequeños agricultores, componen una ofensiva corporativa estratégica que aquí denunciamos. Las modificaciones en la ley de semillas forman parte de este conjunto de políticas.

Diversas estrategias tendientes al patentamiento de las semillas han sido ensayadas a lo largo y a lo ancho de América Latina y el Caribe. Tales iniciativas, promovidas en los últimos años por los gobiernos de turno y corporaciones transnacionales como Monsanto, fracasaron en muchos casos gracias al accionar de las resistencias sociales.

A pesar de la crisis económica y del cambio climático, el modelo sojero -paradigma del extractivismo agrario- continúa profundizándose en nuestro país. La devaluación del peso argentino impulsada por el Gobierno nacional a principios de este año permitió que el complejo agroexportador volviera a obtener ganancias exorbitantes. Los productores sojeros celebraron que la superficie sembrada con soja transgénica superara, por primera vez en la historia, las 20 millones de hectáreas. En tanto, las corporaciones del agronegocio y sus socios especulan con una nueva devaluación para su beneficio; hecho que se explicaría en buena medida por la crisis financiera internacional, la actual brecha cambiaria y el proceso inflacionario que incide sobre los ingresos de los sectores populares.

Mientras este paradigma avanza, las funestas consecuencias sociales y ecológicas de los agronegocios también se profundizan. El llamado “crecimiento económico” celebrado por el gobierno y las corporaciones, representa la “expresión amable” de un modelo agro-minero-exportador basado en el sacrificio de los pueblos, el despojo de sus territorios y la devastación de la naturaleza. Para corroborarlo, basta con destacar que durante los últimos años la expansión de la frontera agrícola devastó más de 2,5 millones de hectáreas de bosques nativos; las fumigaciones masivas con agrotóxicos, asociadas con gravísimos problemas sanitarios en la población (tales como cánceres y malformaciones), superaron la barrera de los 300 millones de litros anuales; el agotamiento de los suelos y sus nutrientes continúa agudizándose  como consecuencia del monocultivo y la siembra directa con su paquete tecnológico (glifosato). Todo ello conduce al desplazamiento compulsivo de las poblaciones, consecuencia de la ampliación de la frontera agrícola que continúa desestructurando economías regionales, destruyendo culturas ancestrales y desarraigando formas de vida comunitaria, obligando a millones de personas a migrar hacia las ciudades en busca de sustento para sus familias, lugares en los que pasan a engrosar los cordones periurbanos de hacinamiento y de miseria.

A pesar de semejante escenario, los cuestionamientos existentes y la evidencia de sus impactos negativos, el gobierno nacional apuesta al afianzamiento del modelo de los agronegocios, con la anuencia de gran parte de la oposición. Así, la institucionalización progresiva del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020 (PEAA 2020) diseñado por el Ministerio de Agricultura, cuyo objetivo fundamental consiste en alcanzar una producción de 160 millones de toneladas de granos (fundamentalmente soja) en un plazo de seis (6) años, supone un incremento brutal de la superficie cultivada, que pasaría de las actuales 34 millones de has. a las 42 millones de has. Las implicancias de una expansión de tales magnitudes redundarían en el agravamiento de las actuales consecuencias socio-ambientales derivadas de un sistema productivo que se inscribe dentro de los modelos extractivistas imperantes en América Latina.

Otros datos dan cuenta de la orientación asumida por el gobierno nacional en aras de profundizar el modelo de los agronegocios: Desde la aprobación de la soja RR en el año 1996 hasta la fecha, el Estado -a través de la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA)- emitió autorizaciones comerciales para 30 eventos transgénicos (en soja, maíz y algodón) y tuvo como beneficiarios a corporaciones tales como Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow AgroSciences, Pioneer, AgrEvo, Basf, Nidera, Novartis y Ciba-Geigy. Lo ilustrativo es que sobre el total de estos eventos transgénicos, 23 fueron aprobados entre 2003 y 2014 por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y fue Monsanto el principal beneficiario del otorgamiento de dichas autorizaciones. Además, las aprobaciones se realizaron mediante simples resoluciones ministeriales, sin controles ni debates públicos y sin tener en cuenta el principio precautorio. Asimismo, las evaluaciones sanitarias y ambientales de dichos eventos transgénicos se siguen efectuando en base a estudios proporcionados por las propias empresas.

En este contexto general, luego de aprobar las nuevas semillas transgénicas de soja y maíz desarrolladas por Monsanto, el gobierno nacional estaría buscando una reforma de la ley de semillas para favorecer a las corporaciones biotecnológicas en su objetivo de apoderarse por completo de la producción de los alimentos y del control de las cadenas alimentarias.

El anteproyecto para reformar la ley de semillas

El gobierno nacional y las corporaciones agro-biotecnológicas buscan armonizar criterios comunes en materia de semillas, patentamientos y cobro de regalías. De esta manera lograron condensar en un anteproyecto las expectativas de los intereses del agronegocio para reformar la antigua Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, con el fin de adecuarla a los parámetros internacionales que regulan la protección de las obtenciones vegetales (semillas) conforme a los sistemas de propiedad intelectual.

En nuestro país contamos con dos sistemas de propiedad intelectual: 1) la protección de la propiedad de las creaciones vegetales mediante el Derecho del Obtentor (DOV) establecido en la actual ley de Semillas, y 2) el sistema de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (establecido por Ley 24.572). Esta última excluye expresamente el patentamiento de plantas.

Es importante destacar que los Derechos del Obtentor también se aplican para variedades que se descubren, dado que no exigen exclusivamente una invención. Conforme esta premisa, aquel que descubre o inventa una variedad puede tener derechos sobre la misma sin que el agricultor que la cultiva pierda su derecho al uso propio, es decir, la libertad de utilizar parte de su cosecha para una nueva siembra.

Esto cambiaría sustancialmente en caso de adoptarse el sistema de patentes tal y como lo establece, casi de modo encubierto, el anteproyecto para modificar la ley de semillas. El uso propio se vería seriamente restringido y además, actividades ancestrales como el libre almacenamiento, selección, reproducción, mejoramiento, preservación e intercambio de semillas provenientes de la cosecha, resultarían coartadas o, en el peor de los casos, criminalizadas. Por otra parte, el anteproyecto propone la creación de sistemas de registro y control (habilitando, por ejemplo, el intercambio de semillas sólo entre usuarios registrados ante el Estado) así como la configuración de un sistema de penalización para aquéllos que no se adecúen a las exigencias establecidas. Asimismo, se propone el apuntalamiento de un poder de policía para facilitar el decomiso de semillas, suspensiones, inhabilitaciones, etc. Además, se anularía la posibilidad de que otros obtentores puedan reproducir nuevas variedades vegetales.

Cabe destacar que las políticas de patentamiento forman parte de las prioridades del gobierno nacional en materia productiva, lo que explica que varios órganos estatales hayan estado promoviendo, en los últimos años, iniciativas de apropiación y privatización de saberes y semillas. Un ejemplo de esto es que las asociaciones de carácter prebendario entre empresas agro-biotecnológicas y organismos del Estado hayan llegado a desarrollar patentamientos propios. Tal es el caso de la soja HB4 resistente a la sequía, un desarrollo conjunto entre el CONICET, la Universidad Nacional del Litoral y Bioceres, esta última una empresa agro-biotecnológica en cuyo directorio se encuentran Víctor Trucco y Gustavo Grobocopatel, dos de los responsables del despliegue del modelo sojero en la Argentina. Dicho evento transgénico, declarado de interés estratégico por el Senado de la Nación y cuyo lanzamiento está previsto para el año 2015, será un negocio de propiedad intelectual a partir del cobro de regalías compartidas.

Frente a estos escenarios es importante recordar que históricamente, desde que se inventó la agricultura hace diez mil años, los productores agropecuarios reproducen su propia semilla y, en algunos casos, tienden a experimentar formas de mejoramiento genético mediante los cruces de las diversas semillas de una misma especie. Como consecuencia, surgió un consenso mundial para defender ese potencial del productor agropecuario y, por ende, su existencia como tal. En efecto, se impulsó la prerrogativa del productor de reproducir su semilla, estableciéndose que ésta debería ser considerada patrimonio de la humanidad. Antes de los años treinta, la mayor parte de los proveedores de la semilla comercial eran pequeñas empresas familiares. La investigación genética era realizada por  las agencias de los Estados y otras instituciones tales como cooperativas. Las empresas semilleras tenían por finalidad primordial multiplicar y vender las variedades de semillas desarrolladas en el dominio público.

En 1936 se establece en nuestro país la primera iniciativa para instituir una protección legal de las variedades de plantas. Ya en ese período en muchos países en desarrollo, más del 80% de las semillas requeridas por los agricultores era provisto por la semilla almacenada de la propia cosecha u obtenida por canales no oficiales. A partir de entonces surgió una legislación tendiente a restringir estas formas de provisión de la semilla e inducir a los productores a abastecerse año tras año en las semilleras privadas. De allí que en los últimos años, en especial a partir de la generación de los híbridos y los transgénicos, comienzan a tener una enorme primacía las grandes empresas semilleras transnacionales, que combinan su producción o difusión de la semilla con la de los agroquímicos producidos por ellos mismos.

La “coexistencia” del agronegocio y la agricultura familiar

Otra de las particularidades del anteproyecto tiene que ver con la propuesta de integrar los agronegocios y la pequeña agricultura territorializada (campesinos, indígenas, huerteros, minifundistas y otros pobladores del campo). De este modo, dos paradigmas, dos visiones del mundo antagónicas, dos modelos difícilmente compatibles desde el punto de vista social, cultural, territorial y ecológico, se amalgaman de manera espuria en el texto de la pretendida reforma.

El planteo de la convivencia/coexistencia de los agronegocios y la llamada “agricultura familiar” forma parte del discurso que el gobierno nacional y las empresas asumieron como nueva estrategia de legitimación del modelo agro-biotecnológico. Dicho planteo está presente de manera explícita en el anteproyecto para modificar la ley de semillas vigente, y su principal expresión consiste en la “excepción” de las obligaciones tributarias para con los denominados “agricultores familiares”, un concepto muy amplio con confusas referencias empíricas a actores muy diferentes, como “el chacarero” y “el trabajador sin tierra”. De cualquier modo en la ley aparece como una suerte de concesión del Estado tendiente a dotar la iniciativa de cierta “apariencia contemplativa” hacia quienes han sido hasta ahora, junto a los Pueblos Originarios, las principales víctimas de la expansión del agronegocio. Basta recordar los asesinatos perpetrados por el Estado o por privados, en situaciones de arrinconamiento, para despojarlos de sus tierras.

La llamada “coexistencia” orientó a los principales actores a conformar una “Mesa de Diálogo” convocada por el Estado (a través de la cartera de Agricultura Familiar) que reunió a las corporaciones del agronegocio con algunas de las más importantes organizaciones campesinas (entre ellas, el Movimiento Nacional Campesino Indígena) y representantes de la Iglesia. Este encuentro fue resultado de un nuevo clima cultural y político que habilita, a través del diálogo (entre actores de muy distinta capacidad económica y poder político), el “consenso” y la “pacificación”. La historia está plagada de ejemplos que muestran la imposibilidad de estos encuentros pacificadores cuando lo que está en juego es la tierra y su “limitud”, las ganancias y abultadas rentas.

Estos nuevos humores culturales que circulan en el mundo de los agronegocios (y lamentablemente, en algunas organizaciones sociales) se expresan internacionalmente, y buscan integrar la agricultura de base campesina y de pequeños productores a las lógicas de los agronegocios. No es un hecho menor que la FAO haya declarado al presente año como el “Año de la Agricultura Familiar” y que, repentinamente, haya reconocido la “importancia de la agricultura campesina” en términos similares y afines a las lógicas de mercado. Esto se hizo más evidente todavía, con el entendimiento de cooperación suscripto por la Vía Campesina y la FAO en Roma (Octubre, 2013). Así, las necesidades de “responsabilidad social” y de “maquillaje verde” del capital concentrado de la agro-biotecnología, fueron satisfechas mediante entendimientos que hasta hace poco parecían imposibles. Los propios documentos de la Vía Campesina denunciaban a la FAO como un organismo que actuaba monolíticamente junto al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio en la ejecución de las medidas económicas necesarias para la expansión global de los agronegocios. Pareciera que todo ello forma parte del pasado.

Estos mandatos internacionales se articulan nacionalmente con nuevos roles asumidos por las instituciones que rodean la problemáticas: Universidades Públicas, Agencias Científicas, el INTA, etcétera.

A modo de conclusión

De aprobarse esta ley, no sólo estaríamos suturando un campo de disputas en relación con la agricultura, la alimentación y modos de vida, sino que marcaríamos un fracaso para América Latina, que está logrando parar esta iniciativa de privatización de la vida en muchos países.

En definitiva, el avance de la frontera sojera representa el correlato territorial de una ofensiva extractivista general a nivel local y latinoamericano. Así, la Argentina, con sus fuerzas políticas tradicionales como administradores de un modelo colonial, profundiza las actividades extractivas en todas sus variantes: continúa la devastación del corredor andino con la megaminería contaminante; la cementación urbana con fines de especulación inmobiliaria; se multiplican los monocultivos forestales y las papeleras y la industria pesquera sigue depredando nuestros mares. El gobierno nacional, además, a contramano de la necesidad imperiosa de construir una matriz energética alternativa -dadas las imprevisibles consecuencias del cambio climático- prioriza irresponsablemente, como respuesta a la crisis energética, la construcción de represas hidroeléctricas y nuevas centrales nucleares. Incluso profundiza la explotación de hidrocarburos no convencionales o fracking, cuyo andamiaje legal y orientación estratégica fijara el acuerdo de YPF con la transnacional Chevron el año pasado.

Afortunadamente, no todo es desazón. A lo largo y a lo ancho del continente se multiplican las resistencias de los pueblos que optan por la dignidad de la vida y defienden nuestros territorios y bienes comunes de la depredación neocolonial del capitalismo. Las formidables resistencias de las asambleas cordilleranas contra las corporaciones megamineras; las campañas contra las fumigaciones; la resistencia indígena en defensa de sus territorios contra el avance sojero; el ejemplo mundial de las Madres de Ituzaingó, la Asamblea de Malvinas Argentinas y de las organizaciones sociales que impidieron la radicación de Monsanto en Córdoba; la irreductible lucha de la Asamblea de Gualeguaychú en contra de las papeleras transnacionales; la emergencia de nuevas voces en la academia que se inspiran en el legado de Andrés Carrasco para cuestionar un sistema científico colonizado por las corporaciones; la juventud que lucha por volver a la tierra para construir una nueva ruralidad basada en el arraigo y recuperar la libertad de producir el propio alimento, nos siguen inspirando para continuar resistiendo a pesar de las adversidades, con la esperanza de edificar una nueva sociedad basada en la igualdad y profundamente identificada con la naturaleza.

Por lo tanto, frente a este cuadro de situación manifestamos:

– No a la privatización de las semillas. Las semillas son patrimonio de los pueblos del mundo, símbolos de saberes y culturas. La vida no se patenta.

– No al avance del agronegocio y en particular al anteproyecto para reformar la ley de semillas en todas sus versiones.

– No la tramposa operación política desmovilizadora que defiende la “coexistencia de la agricultura familiar con el agronegocio”.

– Nos pronunciamos por un modelo alternativo de país libre de agronegocios, megaminería, fracking, cementación urbana, energía nuclear, represas hidroeléctricas, depredación marítima, bosques artificiales y papeleras.

– Con transgénicos no hay Soberanía Alimentaria. Prohibición de la modificación genética de alimentos. Por el repoblamiento del territorio actualmente en manos del agronegocio, la recuperación de los ecosistemas y la producción de alimentos sanos para los pueblos.

– Por encima de cualquier ley estará siempre la responsabilidad de los pueblos para garantizar su Soberanía Alimentaria y la de las generaciones venideras.

Convocamos de forma plural, unitaria y amplia a todas las organizaciones sociales, ambientales, sindicales, estudiantiles y políticas que coincidan con los ejes centrales del presente documento con el fin de desplegar una intensa movilización nacional para impedir el avance del agronegocio y el extractivismo capitalista en Argentina, y nos declaramos en alerta y movilización, autoconvocándonos al Congreso Nacional al momento de discutirse e intentar aprobarse el proyecto para la reforma de la ley de semillas que detallamos en el presente documento.

 

Firmas
Organizaciones y espacios:

Asamblea Riojana Capital.
Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la mina de Esquel.
Asamblea de Bariloche contra la Megaminería.
Asamblea Malvinas lucha por la Vida, Córdoba.
Asamblea Río Cuarto sin Agrotóxicos, Córdoba.
Asamblea Comarcal Contra el Saqueo (Comarca Andina del Paralelo 42).
Asamblea Ciudadana de Puerto Pirámides, Chubut.
Asamblea de Chilecito, La Rioja.
UAP (Unión de Asambleas Patagónicas).
Asamblea Unidos por el Río, Vicente López, Buenos Aires.
Confederación Mapuche de Neuquén.
Acción Reverdeciente
Colectivo Volver a la Tierra – FAUBA
Cultivarte
Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina: Agrupación Visión Sostenible; CTA; Estudiantes Críticos en el Frente Popular Darío Santillán; Fundación Che Pibe; Grupo de Reflexión Rural (GRR); Mishkila Alimentos; Red Tacurú; Sopita Ropita; Autoconvocadxs por la libertad de las semillas y la Soberanía Alimentaria; Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable” de la Carrera de Comunicación Social, UNER; Centro de Educación Agroecológico ASHPA de Guernica; Proyecto Sur Provincia de Bs.As. en Corriente Nacional Emancipación Sur; La Usina Cultural del Sur; Almagro/Pompeya en Corriente Nacional Emancipación Sur; Sobre Rieles UnLa; Los Pies en La Tierra; Oro del Inca Cooperativa; Reforestala “Proyecto Compartir”; Bandera Negra UNQ.
Colectivo desde el Pie
SERPAJ (Fundación Servicio Paz y Justicia)
Red Ecosocialista (MST+Independientes)
MST – Nueva Izquierda
Bloque BIEN COMÚN (Legislatura de la C.A.B.A.)
Bloque Unidad Popular (Cámara de Diputados de la Nación)
La Revolución de la Cuchara Argentina
Pacto Mundial Conciente
Piratas X Tierra Mojada (colectivo adherente a la Sexta iniciativa del EZLN)
Colectivo Orgánico
Comisión Ecológica de Ituzaingó, Buenos Aires.
Agrupación Ecologista “Nueva Ecología de la Tierra” (N.E.T.), Santa Fé.
Junta Abya Yala por los Pueblos Libres (JAPL).
Revista Theomai
Chaucha y Palitos Huerta Barrial, Salta.
Portal Confraternizar Hoy
Organización para la Liberación Argentina (OLA)
“La Peñaloza” Organización Campesina
Instituto Taki Ongoy
Corriente del Pueblo
Grupo de Reflexión Ambiental “Mingaché”
“La Rabia” Radio/TV Escuela
Partido Pirata
Copeaargentina A.C. (Colectivo por la Educación Ambiental)
El Taller del Dragón (Cultura y Agroecología) Anisacate, Córdoba.
Bloque de Prensa Regional (Periodistas del sur de Santa Fe)
La Feria Agroecológica, Bernal, Buenos Aires.
Grupo Teatral IRA
Productor Agroecológico (Alimentos sin agrotóxicos)
Raza Truncka
Observatorio Autónomo de Conflictos Socioambientales en la Argentina.
Asociación Civil Árbol de Pie, Bariloche.
Cooperativa Wiliam Morris, La Plata.
Asociación Civil Escuela de Vida, La Plata.
Colectivo socio-ambiental “Unidos por las Aguas de la Cuenca Currú Leuvú” de
Viedma/Patagones, Río Negro.
Revista EL COLECTIVO de Paraná, Entre Ríos.
Organización Ser Humanos, Córdoba.
Paren de Fumigarnos Mar del Plata
Grupo de Ecología y Ecumenismo, Parroquia Ntra. Sra. del Valle, Buenos Aires.
Proyecto Sur (Florencio Varela)
Fundación Ecosur (Ecología Cultura y educación desde los pueblos del Sur)
Juntos Podemos en un ambiente sano (Jujuy)
Programa La Deuda Eterna (FM Flores 90.7, C.A.B.A.)
Programa “Nuevos brazos a la Tierra” (Fm Tinku, Mina Clavero)
Foro Ambiental y Social de la Patagonia (Comodoro Rivadavia)
Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena
Paren de Fumigar Arroyito
Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto.
Agrupación Resistencia QOM
Proyecto Sur Corrientes
Grupo El Agua Vale + que el Oro, Corrientes.
Chacra PAISA Vivero
Asociación Cristian González (San Martín de los Andes, Neuquén)
Convergencia de las culturas.
ECOS Saladillo, Pcia. de Buenos Aires.
Puente Verde Huerta Orgánica Comunitaria (Grupo voluntario-Colectivo Social).
Moreno Ciudad Pulmón.
FM 96.9 de la Ventana – Radio Comunitaria del Vagón.
Motahouse (Músicos).
Universidad Trashumante
ONG Alerta Angostura, Neuquén.
Grupo de Estudios sobre America Latina (GEAL).
ONG UPVA (Unidos por la Vida y el Medio Ambiente)
Centro Vecinal Villa Las Gemelas (Capilla del Monte, Córdoba)
Uramba Teve
El colectivo – Agalon Producciones
Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia

Individuales:
Adolfo Pérez Esquivel; Nora Cortiñas; Mirta Baravalle; Osvaldo Bayer; Félix Diaz; Jakelin Mariaca; Chacho Liempe; Lorenzo Loncon; Miguel Teubal; Norma Giarracca; Jorge E. Rulli; Jorge Falcone; Miguel Bonasso; Chunchuna Villafañe; Alejandro Bodart; Vilma Ripoll; Alcira Argumedo; Lucila Díaz Rönner; Patricia Langlais; Adolfo Boy; Maristella Svampa; Enrique Viale; Soledad Barruti; Sofía Gatica; Laura Isod; Pablo Bergel; Gustavo Vera; Claudio Lozano; Victor de Genaro;   Tony Riestra

Marcelo Viñas; Miguel Mirra; Susana Moreira; Eduardo González; Elena Picasso; Marcelo Giraud; Carlos Del Frade; Mario Cafiero; Ana Isabel Rivas; Bibiana Apolonia del Brutto; Andrés Dimitriu; Alicia Massarini; Ulises de la Orden; Silvia Cloquell; Guido Galafassi; Luis Barone; Diana Lenton; Ana Valtriani; Fernando Barri; Gabriela Massuh; Tomás Palmisano; Luis Mattini; Fiscal A. Gustavo Gómez; Patrcio Eliesegui; Jorge Cardelli; Pedro Mariano Politi; Carlos María Pagano; Graciela Ferrario; Carlos Inza; Miguel Mazzeo; Guillermo Cieza; Guillermo Folguera; Víctor Bruno Montesco; Miguel Humbert; Luis Daniel Hocsman; Mariano Rosa; Tamara Migelson; Juan Wahren; Carlos Abel Suárez; Tirso Fiorotto; Matías Reggiardo Tolosa; Matías Giletta; Marta Sahores; Cristina Giarracca; Pablo Grille; Daniel Cáceres; Alicia Entel; Ricardo Juncos; Marcelo Manzatto; Inés Izaguirre; Julián Llamosas; Elizabeth Juliana Jacobo; José Seoane; Emilio Taddei; Clara Algranati; Elisa Sementuch; Luis Justo; Carla Eleonora Pedrazzani; Octavio Montiglio; Ariel Eliseo López; Stella Maris Luque; Nancy Viviana Piñeiro; Mercedes Centena; Leandro Andrini; Maximiliano Thibaut; Norma Barros; Victoria Díaz Abal; Sofía Bascuñan; Laura Didowicz; Judith de Babot; Nora Tamango; Clara Vallejos; Claudia Carbone; Rodolfo Barruti; Sergio Nicanoff; Noelia García; Gustavo Daniel González; Cintia Cuneo; Pablo Vommaro; Fernando Del Gener; Agostina Falduti; Sofía Kempski; Caito González; Nicolás del Aguila; Jorgelina Alioto; Dolores Jiménez; Mario Pablo Gallino; Pamela Orellana; Pablo Delgado; Gladis Melo; Cristina Delgado; Emanuel Marcos Abínzano; Emilio Teubal; Patricio Ramos; Patricia Azcoitia; Nicolás Games; Ignacio López Lemus; Virginia Azcoitia; Pablo Aranda; Estela Knez; Analía Bernardo; José Rubio; Verónica María Martín; Zuríe Amado; Carmen Orellana; Mauricio Nicolao; Pablo Urrutia; Fernando Rovelli; Milena Amaya; Lucio Florio; Nora López Rita; Oscar Vicente Silva; Daniela Miranda; Fabián O. Barrionuevo; Mario Brasca; Julia Esvant; Pablo Gómez; Roberto Ochandio; Ignacio Mayorga; Elena González; Alicia Gianfelici; Jorge Malla; Elena Cedrón; Eva Montesco; Verónica Torres; Franco Hernández; Lilah Ríos; Gabriel Beber; Maria Belen Coussirat; Cecilia Fantini Giorgetto; Guillermo Eugenio Acosta; Silvia Cerpa; Antonio Merched Mitre; Luis Fabrizi; Juan Spinetto; Christian Gebauer; Pablo Delgado; Agustín Alejo Franco; Pablo Sessano; Norma Noemí Pellegrino; María Jimena Mattioli; Roberto Rodríguez; Julieta Monserrat; Graciela Alsina; Virginia Azzara; Daniel Lischinsky; Carolina Cuyeu; Romina M. Gamboa; Gabriela Keser; Ingrid Keser; María Elena Sapino; Fidel Sosa; Jorge Daniel Acosta; Marcelo Velázquez; Ileana Schultheis; Francisco Longa; Marcela Mercuri; Chintia Acosta; María Argeri; Sergio Dino-Guida; Esperanza Aguilar; Viviana Fernández; Gimena Sánchez; Julieta Morosoli; Analía Tavella; Viviana Alonso; Margara Averbach; Sofìa Cevallos; Catalina Perez Osorio; Gabriela Cecilia Ventuala; Laura Arra; María Luisa Pérez; María Alejandra Ostrofsky; Mauro Di Bert; Melisa Zeoli; Ana María Massa; Andrea Joaquín; Verónica García Christensen; Mariano Serenelli; Juan Ignacio Corti; Ana María Medina; Sebastián Oliver; Luisa Quiroga; Carlos F. Weiss; Estefania Bozzani; Irene Lasivita; Mariana Del Gener; Cecilia Romero; Florencia Ferrari; Carlos Ruiz; Antonella Lista; Gaia Dimitriu; Eusebio Lizarralde; Patricia Martin; Gabriel Palmili; Morena Pais; Federico Aguilera Klink; Silvia C.Leanza; Néstor Omar Ruiz; Margarita Do Campo; Matías Blaustein; Horacio Spessot; Orlando Esquel; Horacio Sierra; Ayelén Hermida; Marta Noemí González; Néstor Eduardo Cóspito; Haydée Graciela Nohara; Carlos Pérez; Analía Rovelli; Carlos Alberto Pérez; Celina San Martín; María de Luján Max; María Cora Orbea; Alexis Serenelli; Marcelo Tuller; Natalia Vanesa Maidana; Maria Jose Vázquez; Surya Pérez; Mónica Ré; María del Rosario Romero; Alexis Papazian; Beatriz Ontaneda; Alfredo Reyes; Felicitas Silvetti; Alexis Ansaldo; Jorge Gorostiza; Ruben ilardi; Lucas Rodríguez; Mayco Flores; Silvio Pedutto; Silvia Goyeneche; Máximo Caizza; Daniela Ruiz; Tatiana Cachón; Sol Titiunik; Sol Diaz Abal; Gustavo Alfredo Cortez Sánchez; Guadalupe Rodríguez; Giuli Gojanovich; Lis Paz; Bianca Lebón; Adriana Figueroa; agustina zato; Flavia Quintabani; Isabel D. Ramos; Luciana Lambretch; Rocío Arrieta; Mara Alessandria; Carlos Livio Perez; Luis Bernando Navarrete López; Rodrigo Emanuel Borrul; Sonia Evangelina Pesce; Silvia Gramajo; Paula Díaz Romero; Ramiro Lucero; Patricia Roza; María Eugenia Borsani; Sergio Linares; Gabriela Aloras; Vivian Alonso; Carlos Pescader; Francisco Gelman Constantin; Mónica Aguilar; Guillermo Guevara Marcos; Leonardo Faryluk; Daniel Ariana Fernández Russo; Gabriela Puig; Gabriela Boy; Luis Alberto Torres; Verónica Santillán; María Eva Rodríguez; María José Laurel; Carla Gnoatto; Susana Salgado; Xenia Iacopini; Virginia Tellez; Enrique Zabala; Guillermo Cassanello; Aruanda Lima; Ercilia Pensado; Laura Figueroa; Dolores Bulit; Sofía Slobodjanac; Macarena Romero; Roberto Osvaldo Luna; Melina Ojagnan; Leandro Juan Pablo Luna; Viviana Hilda Spezia; Gustavo Paul; Tomás San Martín; Clara Riveros Sosa; Sabela Rodriguez; Laura Alem; Pablo Pereyra; Adolfo Ratto; Lisandro Belfiore; Antonella Sangalli; Denise Valdez; Miguel Ortiz; Bárbara Orlando; Luciana Irañeta; Evangelina Romano; María Verónica Martín; Susana Beatriz López; Liliana Courtade; Milena Arrigoni; Elena Guadalupe Piñero

Internacionales:
Boaventura de Sousa Santos (Portugal).
Gustavo Esteva (Universidad de la Tierra, Oaxaca, México).
Lois Meyer (Estados Unidos).
Alberto Acosta (Ex Presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador).
Pablo Dávalos (Ecuador).
Fabián Cevallos Vivar (Ecuador).
Hugo Blanco Galdós (Perú).
Raúl Prada Alcoreza (Grupo Comuna, Bolivia).
Miguel Benasayag (Francia).
Jairo Restrepo (La Mierda de Vaca, Colombia).
Félix Rodrigo Mora (España).
Francisco “Paco” Puche (España).
Luis Domínguez Bonet (España).
Carmen San Segundo (España).
Raúl Zibechi (Uruguay).
Anahit Aharonian (Comisión Multisectorial de Uruguay).
Elena Kahn (Guerreros Verdes, México).
Carlos Walter Porto-Gonçalves (Universidade Federal Fluminense, Brasil).
Rodrigo Meiners Mandujano (Desarrollo Rural – Xochimilco, México).
Rodrigo Lampasona (Iniciativa Exige Vivir Sano, Chile).
Alicia Jardel (Bélgica).
Conciencia Colectiva por el Caribe Mexicano (Quintana Roo, México).
LEMTO (Laboratório de Estudos de Movimentos Sociais e de Territorialidades,
Universidade Federal Fluminense, Brasil).
Colectivo “Lucha Indígena” (Perú).
Red Semillas Libres (Chile).
Salva la Selva (España).
Corporación Internacional Ambrosia – CORINAM (Colombia).
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4).

 

4 respuestas a No nos patenten la vida Campaña contra la privatización de las semillas en Argentina ( para recoger firmas adherentes en Venezuela). Firmar en comentarios.

  1. Me solidarizo en la lucha contra la transformación de la vida en una mercancía.

    Vladimir Lazo García
    16 septiembre, 2014 at 7:06 PM
    Responder

  2. El colectivo CARIACO hace suyo la lucha contra el modelo de desarrollo eurocéntrico exógeno asumido como hegemonico mundial desde la burocracia internacional nacida desde la doctrina Truhman (ONU-FAO-CGIAR)que se expresa en la concepción de mundo antropocéntrica individual o colectiva,cosificante y mercantilizante del todo,a favor de lo público o privado,y reproducido en las nuevas estructuras regionales de unidad latinoamericana, donde se oferta al surcontinente, como un gran almacen de recursos naturales para ser explotado. La jerarquía “DIOS-HOMBRE-NATURALEZA”, se ha materializado en la nueva lógica “CIENCIA Y TECNOLOGÍA – HUMANO (individual o colectivo, privado o público,trasnacional o nacional)- RECURSOS NATURALES”…. la lucha no es sólo contra la patentización, la lucha de fondo es contra la cosmovisión eurocéntrica hegemónica…seguimos siendo colonias ideologizadas

    Andrés Avellaneda
    17 septiembre, 2014 at 6:25 AM
    Responder

  3. Suscribimos totalmente la Campaña:
    – No a la privatización de las semillas. Las semillas son patrimonio de los pueblos del mundo, símbolos de saberes y culturas. La vida no se patenta.

    – No al avance del agronegocio y en particular al anteproyecto para reformar la ley de semillas en todas sus versiones.

    – No la tramposa operación política desmovilizadora que defiende la “coexistencia de la agricultura familiar con el agronegocio”.

    – Nos pronunciamos por un modelo alternativo de país libre de agronegocios, megaminería, fracking, cementación urbana, energía nuclear, represas hidroeléctricas, depredación marítima, bosques artificiales y papeleras.

    – Con transgénicos no hay Soberanía Alimentaria. Prohibición de la modificación genética de alimentos. Por el repoblamiento del territorio actualmente en manos del agronegocio, la recuperación de los ecosistemas y la producción de alimentos sanos para los pueblos.

    – Por encima de cualquier ley estará siempre la responsabilidad de los pueblos para garantizar su Soberanía Alimentaria y la de las generaciones venideras.

    Marea Socialista - Venezuela
    17 septiembre, 2014 at 2:43 PM
    Responder

  4. El Colectivo Conuco-Pueblo del municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, en venezuela firme este documento y ratifica su lucha cotidiana por conservar las semillas en manos del pueblo que la respeta como uno más de los seres vivientes de este planeta y en manos de quien trabaja la tierra.

    Robzayda Marcos y familia
    Miguel Vasquez y familia
    Juan Briceño y familia
    Aurimar Rodríguez y familia

    robzayda marcos
    6 octubre, 2014 at 10:57 AM
    Responder

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