La minería mata! Asesinato de César García

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cartel de denuncia del asesinato del hermano de lucha César García

cartel de denuncia del asesinato del hermano de lucha César García

En la tarde del día 2 de Noviembre, el dirigente campesino César García, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Cajón La Leona (Cajamarca, Tolima), fue asesinado, a sangre fría, de un tiro a la cabeza mientras regresaba a su finca junto a su compañera y su hijo.

García se había destacado por su participación en el Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca por la Defensa de la Vida, el Agua y el Alimento, organización que ha venido liderando la lucha de la comunidad contra el proyecto mega-extractivo de La Colosa. Esta mina a tajo abierto, ha sido denunciada en el Tolima por el impacto desastroso que tendría sobre la comunidad y el medio ambiente.
El rechazo de la comunidad tolimense ha sido expresado en una serie de multitudinarias marchas carnavales en defensa del agua y la vida, así como en la consulta popular realizada en el municipio de Piedras el 28 de Julio. En esa ocasión, el 99.2% de la población rechazó la megaminería, con una participación de alrededor del 60% del electorado.
El principal inversionista en este proyecto es la multinacional AngloGold Ashanti (AGA), quien ha sido ampliamente favorecida por el gobierno de Santos, siendo actualmente la compañía con el mayor número de títulos de explotación aurífera –al menos 410, controlando un territorio de, por lo menos, 821.000 hectáreas. Amenazas, estigmatización y violencia Lamentamos esta tragedia, que se cobra la vida de un dirigente campesino, esposo y padre, sobre quien no pesaban amenazas de ningún tipo. Pero estaba cantado que habría una tragedia como esta y en realidad, en vista de la fuerte campaña de criminalización en contra de las organizaciones populares que han manifestado su oposición al megaproyecto aurífero (el de mayor envergadura en el hemisferio), uno diría que es un milagro que no hayamos tenido que lamentar otro asesinato como éste antes.
Ha venido desarrollándose desde hace meses una campaña de rumores en contra de la comunidad organizada en defensa de la agricultura y el ambiente. En noviembre se decía que directivos de la AGA habrían expresado que el ejército llegaría a abrirle paso a la mina corriendo a todos los “revoltosos” y “guerrilleros” de Anaime, localidad de Cajamarca donde se desarrollarían las actividades extractivas.
La comunidad ha denunciado una fuerte militarización del territorio de la mano del proyecto minero. El día 22 de Febrero, con ocasión de una “Mesa Ciudadana Ambiental” en Ibagué (en la cual el rechazo de la comunidad al proyecto fue evidente), los periódicos captaron un intercambio de mensajes entre el entonces vicepresidente de sostenibilidad de la AngloGold, Rafael Hertz, y el entonces encargado de comunicaciones de La Colosa, Iván Malaver, en el que hablaban de que “identificaron en el público de los opositores a varios guerrilleros de Anaime”.
Después de estas amenazas, rumores y estigmatización, la violencia oficial contra la comunidad se manifestó con más fuerza durante la salvaje represión del ESMAD a los manifestantes que participaron en el Paro Agrario y Popular a fines de Agosto. En esa ocasión, la policía abrió fuego, fallando el blanco, en contra de Julio Vargas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Cedral en Anaime. Sobre él pesan hoy varias amenazas. Este ambiente de criminalización de las organizaciones populares así como de la protesta social en Cajamarca no un hecho aislado, sino que es parte de un contexto generalizado de violencia en el departamento. Infructuosamente, el Comité Campesino y Ambiental había venido exigiendo seguridad para sus miembros, denunciando esta campaña de estigmatización, poniendo el grito de alerta por el malsano tufo a contrainsurgencia con el que se ha venido manejando la protesta social en contra de la megaminería y a favor de la economía campesina y el medio ambiente.
Este ambiente se ha enrarecido aún más después del atentado explosivo sufrido el día 25 de Octubre por una delegación del IGAC participantes del Convenio de Delimitación de Páramos y Humedales, a la altura de la vereda Potosí, el cual, afortunadamente, no tuvo víctimas fatales. Los medios de prensa inmediatamente señalaron a los opositores a la multinacional minera como sospechosos, llegando la editorial de El Espectador a afirmar, de manera infundada y temeraria, que la lucha ambiental estaría supuestamente incubando una “nueva generación del terror”. Esto equivale a la criminalización de la protesta social, equiparándola a una forma de “terrorismo”.
¿Quién se beneficia con este ambiente de zozobra y terror? En este momento de zozobra, junto con extender un abrazo solidario a las compañeras y compañeros del Comité Ambiental en Cajamarca y sus grupos de apoyo tanto en el departamento como en el resto del país, junto con prestar nuestro hombro a la familia de César García como apoyo en su dolor, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿Acaso ahora los que defiendan los derechos ambientales serán (como insinúa la editorial de El Espectador) agregados a la lista de “terroristas”, junto a los que defienden los derechos campesinos, la reforma agraria, lo público, etc. etc. etc.? Sabemos el peligro latente cuando estos calificativos son empleados, representando luz verde para la violencia militar y paramilitar.
También nos parece clave preguntarnos, ¿quién se beneficia de este crimen? Activistas contra La Colosa han expresado temores que, al parecer, habría una campaña dirigida a desestabilizar el orden público para favorecer la militarización del municipio. Lo cual sería un prerrequisito para avanzar en un proyecto que suscita tanta resistencia en la comunidad. Nos es, lamentablemente, demasiado familiar la situación de que, cuando los intereses de gente muy poderosa se ven amenazados, surjan “fuerzas obscuras” que siembran la desestabilización, el terror, la muerte… después de lo cual, en medio de la arremetida represiva para garantizar la “seguridad inversionista”, hacen entrada triunfante los “pacificadores” con su portafolio rebosante de negocios y contratos. Exigimos que salga a la luz pública la verdad sobre este crimen. Que se esclarezcan los hechos en torno a este asesinato y que se establezcan los responsables materiales e intelectuales para que se les dé un castigo ejemplar. Nos solidarizamos de la lucha de los Comités Ambientales y Campesinos en el Tolima, así como de sus demandas de protección y justicia.
Exigimos que paren las presiones por parte de la mutinacional AGA (con la complicidad de las autoridades nacionales) hacia una comunidad que claramente rechaza su proyecto aurífero. Hoy, el Tolima, como el resto del país, precisa de la unidad y la solidaridad de los sectores populares en lucha. Unidad que no tiene un mero sentido táctico, coyuntural, sino que debe ser una unidad profunda en torno a articular una visión del país que queremos: un país en el que las personas puedan organizarse y opinar sin temer por sus vidas, un país en el cual se busque el desarrollo pleno de todas las personas, se garanticen sus derechos, donde las comunidades y el ambiente estén en el centro de las grandes decisiones y no así el lucro de un par de cacaos con sus amigotes transnacionales.

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