Manifiesto Contra el Prejuicio Institucionalizado del Gobierno de Dilma a los Pueblos Indígenas

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Adobe Photoshop PDFLa Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil – APIB- por medio de la presente, quiere manifestar en primer lugar, su profunda preocupación por la nota divulgada el día 06 de mayo, por la Secretaria General de la Presidencia de la República, intitulada “Aclaraciones sobre la consulta a los Munduruku y la invasión de Belo Monte”, en la cual el Estado Brasilero, bajo la gerencia del Gobierno de la Presidenta Dilma Rousseff, asume públicamente una posición abiertamente prejuiciada y discriminatoria contra los pueblos indígenas de Brasil. Para el gobierno, los indígenas movilizados contra la Represa Hidroeléctrica de Belo Monte y contra el complejo hidroeléctrico de los ríos Tapajós y Teles Pires, no son legítimos, de allí que los califique de “autodenominados” o “pretendidos” liderazgos. Curioso, porque cuando era del interés del gobierno, el mismo los recibió como legítimos para negociaciones en el Palacio de Planalto.

Evidentemente que este ataque no es sólo en contra de los Munduruku, pues, el neodesarrollismo en curso alcanza a todos los pueblos, los cuales desde el gobierno de Lula son tachados de obstáculos a la implementación de ese modelo, por insurgir en contra de su lógica economicista, neocolonial y mercantilista, de ocupación de territorios, inclusive, con el uso de la fuerza, de medidas represivas acompañadas de campañas engañosas y de descaracterización, como en los tiempos de la dictadura, otrora combatidos por los hoy autores de la nota gubernamental.

La APIB lamenta que el gobierno, que por mandato constitucional debería velar por los derechos de los pueblos indígenas, se asuma hoy como el porta-voz de las fuerzas enemigas que anhelan la extinción de nuestros pueblos para destruir nuestros territorios y apropiarse de los bienes en ellos existentes, preservados milenariamente por nuestros ancestros.

Nuestra organización alerta además, hacia los riesgos de este tipo de pronunciamiento que sólo vienen a legitimar el odio, las amenazas y prácticas de violencia que los sectores anti-indígenas promueven en contra de nuestras comunidades y liderazgos, lo que en los últimos dos años se ha agravado en razón del respaldo legal que este gobierno ha dado a los invasores de los territorios indígenas por medio de resoluciones y decretos inconstitucionales, destinados a destruir los derechos originarios y facilitar la apertura de esos territorios a la explotación brutal de los neo-colonizadores.

Al contrario de los indios, que supuestamente “se han conducido sin la honestidad necesaria a cualquier negociación”, fue el Gobierno de Dilma quien así actuó, pues, mientras estaba en marcha el proceso de reglamentación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que dispone sobre el derecho de consulta libre, previa e informada, bajo el comando de la propia Secretaria General de la Presidencia, este publicó, el 17 de julio de 2012, la Resolución 303, que atenta frontalmente contra ese derecho. El gobierno, entonces, contradictorio como ninguno, no puede hablar de honestidad.

En función de eso, hasta no ser revocada tal Resolución, el movimiento indígena se niega a formar parte de ese proceso de reglamentación, que no fue, como dice el gobierno, totalmente transparente. Porque el procedimiento, además, no considera la participación de nuestros pueblos en la fase de planificación de los “programas de desarrollo regional y nacional”, conforme establece el 169, y no después que los proyectos fueran aprobados.

Si por esta vergonzosa contradicción la normatización no se produjo, ¿cómo es que el gobierno pretende hacer consultas a los pueblos indígenas, casi como el carácter de un laboratorio? Ahora, con los últimos pronunciamientos, al querer reglamentar el Convenio 169, el gobierno confirma su única pretensión, que es obtener el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas a la implementación de los grandes proyectos en sus territorios, sin importar que eso signifique la programación de su muerte física y cultural, daños y crímenes contra el medio ambiente y la biodiversidad.

La acusación de que los indígenas se oponen a los proyectos simplemente “porque están vinculados a la explotación ilegal de oro” es insincera e inaceptable, toda vez que intenta descalificar la lucha que todos los pueblos, incluyendo a los Munduruku, desarrollan hace siglos en defensa de sus territorios, a partir de una cosmovisión peculiar de relación con la Madre naturaleza y que los actuales lavaderos pensantes de Planalto ya defendieron rigurosamente en otros tiempos, cuando eran militantes de la causa indígena. Por otro lado, el gobierno quiere justificar su inoperancia en la protección de las tierras indígenas y en la falta de capacidad o de voluntad de ofrecer a nuestros pueblos condiciones de sustentabilidad. En el mismo proceso de relación con el pueblo Munduruku, esta deficiencia quedó probada, pues, luego de las reuniones con el Secretario General de la Presidencia, Gilberto Carvalho, y sus notables auxiliares, se le prometió a los indios que en los días siguientes el gobierno compensaría los daños de la Operación El dorado, y apoyaría el plan de la FUNAI de enviar un equipo técnico para el área con el objetivo de pensar junto con los indios, un programa de etno-desarrollo. Hasta hoy, nada de eso ha sucedido. Patéticamente, sólo se habla de consulta y de la necesidad de hacer crecer al país – a cualquier costo, es claro. Si la práctica de la minería de oro es ilegal y hay vinculación indígena en esa actividad, la responsabilidad es del Estado, que erróneamente quiere resolver los problemas recurriendo a ilegalidades, como la no observancia de los tratados internacionales, de la Constitución Federal y el uso de medidas represivas.

La APIB rechaza la pretensión del gobierno o de sus representantes, de atribuirse la prerrogativa de decir quién es o no líder legítimo, pues, con eso atenta más de una vez en contra del derecho de nuestros pueblos y comunidades a ejercer su autonomía. Es tristemente lamentable que el Gobierno de Dilma se haya configurado en los últimos tiempos como un gobierno autoritario, claramente alineado a los intereses de las clases que siempre dominaron y explotaron a las mayorías de este país.

Brasilia-DF, 07 de mayo de 2013.

ARTICULACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE BRASIL – APIB

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