Comunicado ante la masacre ocurrida en el Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental (Uribana) el pasado viernes 25 de enero.

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uribanaUna vez más alzamos nuestra indignada voz de protesta para condenar contundentemente la acción genocida perpetrada por las autoridades del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, funcionarios del GRIP y de la Guardia Nacional Bolivariana, en la cárcel de Uribana que arrojó un saldo trágico indeterminado de venezolanos asesinados y heridos.

Cabe recordar que la anunciada requisa a la cárcel de Uribana se hizo inminente el pasado mes de noviembre, cuando la titular del Ministerio de Servicios Penitenciarios, abogada Iris Varela, informara sobre el suceso en el cual un trabajador de la construcción adyacente al penal resultó herido por arma de fuego. A consecuencia de este hecho las visitas fueron inmediatamente suspendidas y se retrasaron las audiencias de juicio, así mismo se les impidió a los familiares suministrar alimentos preparados a los presos, y desde entonces se instaló entre la población penal un estado de zozobra permanente en espera de la requisa. Durante estos meses persistieron las conversaciones a fin de garantizar que ésta -como hecho rutinario- se realizara de manera pacífica; al punto, que un día antes el propio director de Uribana Nelson Bracca reportó a los medios de comunicación que existía normalidad en el penal, garantizando que tal procedimiento se llevaría a cabo de manera “totalmente pacífica”. No obstante la presencia de unidades militares y la restricción del acceso hacia las inmediaciones de Uribana, alertaban ya de las previsiones que el Estado adelantaba para el escenario de violencia que se desataría al día siguiente.

Esto fue información pública – dentro y fuera del penal- pues para nadie es un secreto que los internos  se comunican permanente a través de teléfonos celulares, tanto más cuando se trataba de un asunto que mantenía en vilo a todas las personas vinculadas de una u otra forma a la dinámica carcelaria. Por lo que las desfachatadas acusaciones de la ministra contra los medios de comunicación redundan en la mentira y manipulación, al igual que la negativa a ofrecer cifras creíbles de las víctimas supuestamente en “resguardo a su dignidad”.

Si bien es cierto que la historia de Uribana puede resumirse en secuestros, coliseos, huelgas de hambre, desacato judicial entre otros hechos violentos e irregulares, no es menos cierto que el hacinamiento, retardo procesal y violación del debido proceso, carencia y/o deficiencia de servicios públicos elementales, indispensables para garantizar un mínimo de la dignidad humana que tanto “defiende” la ministra, fueron el día a día de quienes allí subsistían acompañados de la muerte como sombra permanente.

Resulta ignominioso que hoy ninguno de los jueces y fiscales se den por aludidos ante lo que sin duda es la crónica de una masacre anunciada, cuando todos sus actos apuntalaron el sangriento desenlace. Una muestra de ello fue el desparpajo del cuestionado ex Juez  Abog. Edwin Andueza al otorgar beneficio procesal al entonces líder de los coliseos conocido como “Alexito”. De la misma manera, en diferentes instancias han sido ignoradas las denuncias de las víctimas contra jueces complacientes, ineficientes y corruptos que catapultaron al estado Lara como territorio de impunidad.

Nos preguntamos: ¿Quiénes se lucran del negocio del tráfico de armas y de drogas, de los beneficios procesales y las libertades?

El Estado, sus tribunales y policías, sus guardias y pranes, todos actúan como un solo brazo ejecutor. Son  ellos quienes se benefician directamente de esta industria del crimen a costa de la vida de jóvenes habitantes de nuestras barriadas, convertidos en delincuentes y  diariamente asesinados en las cárceles y calles de este país.

La condición de procesados – vale decir, ciudadanos cuya culpabilidad no ha sido comprobada en un tribunal- de miles de hombres y mujeres tras los muros de las prisiones, olvidados por la justicia es, definitivamente, prueba incontestable de la verdadera política  penitenciaria y cómo opera el sistema de administración de justicia en este país, que condena de facto a los más humildes y extermina, por diversas vías, a los privados de libertad; política que se ha recrudecido con la llegada de la actual titular del despacho penitenciario. Las cifras del Observatorio Venezolano de Prisiones y de Una Ventana a la Libertad son reveladoras, no en vano estas ONG han sido acosadas y criminalizadas por diversos entes oficiales.

Igualmente ignominiosa es la abierta aquiescencia de los diputados por el estado Lara, tanto del oficialismo, en particular aquellos que vergonzosamente aplaudían la rueda de prensa de la ministra Varela justificando la masacre, como de los diputados de la llamada oposición que a lo largo de estos años han hecho mutis del problema de Uribana y que hoy de manera oportunista se pronuncian en los medios de comunicación, su único escenario. Ha quedado demostrado que ninguno de estos señores representa el sentir del pueblo larense, sistemáticamente  ultrajado en sus más nobles valores ciudadanos. Junto a sus nombres, los rostros impúdicos y complacientes de estos diputados, han de permanecer grabados en la historia contemporánea de Venezuela como actores corresponsables de este escenario dantesco.

Por otro lado, replicamos el llamado que el  gobernador Henry Falcón hiciera al gobierno nacional limitándose a exhortarlo a “decir la verdad sobre Uribana”, escurriendo de esta manera el bulto que por mandato le corresponde también a él como la más alta autoridad del estado lara, y sin que se atreviera al menos a decretar duelo regional por lo que fue a todas luces una masacre que enluta a cientos de familias de ésta y otras entidades del país.

En este marco, cabe destacar el esfuerzo desplegado por los medios impresos regionales que  han publicado -sin mordaza- extensos reportajes donde se refleja la historia real de la masacre de Uribana. Lamentablemente no puede decirse lo mismo de la cobertura de las plantas  televisoras privadas del estado Lara, ni de los llamados medios de comunicación comunitarios, cuya subordinación a la oscura línea informativa gubernamental ha sido la norma desde siempre, poniéndose de espaldas a los derechos del pueblo que dicen defender.

En conclusión, los hechos han mostrado que los sucesos de Uribana se corresponden con una  política de Estado, expuesta recientemente por el vicepresidente Nicolás Maduro cuando afirmó sobre la necesidad de “retomar el control de los penales del país, porque las cárceles tienen que ser gobernadas por la ley.” Y para imponer la ley del Estado a sangre y fuego vino precisamente la ministra Varela.

Finalmente, nuestras más sentidas palabras de condolencia y  solidaridad activa con las víctimas de la masacre, hoy más que nunca se hace necesaria la organización y un pronunciamiento por parte de familiares y sobrevivientes a fin de que la versión oficial, la complacencia institucional y la impunidad no se impongan silenciando las voces de quienes cargan sobre sus espaldas el peso de la estigmatización y la exclusión social, que desconoce y niega de facto los derechos humanos de la población penal.

¡QUE LA MASACRE DE URIBANA NO QUEDE IMPUNE!

¡SOLO CON LA UNIÓN COMBATIVA DE LAS VICTIMAS PODEMOS ALCANZAR

NUESTRAS REIVINDICACIONES!

COMITÉ DE VÍCITIMAS CONTRA LA IMPUNIDAD-LARA.

COVICIL . Enero 2013.

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