La OIT denuncia que Brasil violó el Convenio 169 en el Xingú

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Por: Mauricio Becerra / Otramérica.

Un reciente informe de la OIT pide al gobierno brasileño que consulte a los indígenas que moran en las márgenes del río Xingú respecto de la construcción de Belo Monte, la tercera hidroeléctrica más grande proyectada en el norte de Brasil. El gobierno respondió que “tiene errores”, pero no “complejo de culpa”.

Un reciente informe de la OIT pide al gobierno brasileño que consulte a los indígenas que moran en las márgenes del río Xingú respecto de la construcción de Belo Monte, la tercera hidroeléctrica más grande proyectada en el norte de Brasil. El gobierno respondió que “tiene errores”, pero no “complejo de culpa”.

Un reciente informe de la Comisión de Especialistas en Aplicación de Convenciones y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), confirma que el gobierno brasileño debiera haber consultado a los pueblos indígenas afectados por la construcción del proyecto hidroeléctrico Belo Monteantes de comenzarse su construcción.

El informe de la OIT viene a confirmar un edicto anterior del Ministerio Público Federal (MPF) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que habían interpelado al gobierno brasilero para que suspendieran las obras de edificación de la proyectada tercera hidroeléctrica más grande del mundo.

Comunidades indígenas afectadas, como el pueblo Xingú, ecologistas y pobladores locales se oponen al proyecto por los daños ambientales que ocasionaría en el frágil ecosistema que rodea al rio Xingú, en el norteño estado de Pará.

Desde fines de enero, al menos 400 personas han sido desalojadas de sus casas por la construcción de un canal del río Xingú. Las familias desalojadas vivían en los barrios más pobres de la periferia de la ciudad de Altamira.

Norte Energía, empresa a cargo de la construcción de la hidroeléctrica, ha desalojado a otras 25 familias de una comunidad cercana a las obras de la represa, ubicada en el municipio de Vitória do Xingú.

Gigantesca represa

El crecimiento industrial acelerado de Brasil echa mano a los recursos naturales disponibles en los frágiles ecosistemas amazónicos, siendo el proyecto más polémico el de la hidroeléctrica Belo Monte, que pretende tener una capacidad instalada de 11 mil 200 MW de potencia, lo que equivale a un 11% de la capacidad instalada de todo Brasil.

El proyecto del consorcio Norte Energía tiene un costo de 11 mil millones de dólares y aspira a ser la tercera mayor hidroeléctrica del mundo, detrás de la china Tres Gargantas (20.300 MW) y la binacional brasileño-paraguaya de Itaipú (14.000 MW).

En la década del ’70 se inician los estudios en la cuenca del río Xingú para medir su potencial hidroeléctrico. En los ’90, cuando se define la construcción de Belo Monte en las proximidades de la ciudad de Altamira, en el estado nordestito de Pará, las protestas internacionales y nacionales debido a su alto impacto ambiental paralizaron el proyecto.

En abril del 2010 el gobierno entrega la concesión para la construcción de Belo Monte al consorcio Energía Norte.

El costo ambiental también es dantesco: de concretarse dejaría un lago de 516 km² e inundaría por lo menos 400 mil hectáreas de bosque amazónico, un área más grande que el Canal de Panamá.

Además implica la expulsión de 40 mil poblaciones indígenas y locales y la destrucción de hábitats de variadas especies.

Otro impacto en las comunidades locales es la migración asociada a la construcción de la represa, cuyas obras emplearían a 18.700 trabajadores y generaría 80 mil empleos indirectos. Esto implica atraer a unos 100.000 migrantes a municipios que no suman más de 150.000 habitantes.

Intervenciones en el Amazonas

El primer empuje sobre la Amazonía brasileña fue a fines del siglo XIX y comienzos del XX con la extracción del caucho, sacado del árbol seringueira (Hevea brasiliensis). Esta economía produjo un personaje particular, el ‘seringueiro’, recolectores de caucho migrante por las vastas regiones del nordeste brasileño.

A fines del siglo XIX los seringueiros llegaron a la cuenca del río Xingú. La explotación del caucho se amplió a la caza de fauna nativa, como el jaguar y yacarés. Esto obligó en 1967 a que Brasil promulgara una ley que prohibiera la caza de dichas especies vulnerables.

En 1970 se inició la construcción de la carretera Transamazónica, proyecto de 3 mil kilómetros de extensión destinado a unir el Nordeste y la Amazonía. El trayecto que llegó a Altamira quedó sin asfaltar, lo que ha protegido los ecosistemas.

Convenio 169 de la OIT

La recomendación de la OIT fue mal recibida por el gobierno brasileño. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gilberto Carvalho, dijo el jueves que los indígenas fueron consultados antes de la construcción de Belo Monte y que el gobierno de Dilma Rouseff “tiene errores”, pero no tiene “complejo de culpa”.

Carvalho reconoció que la consulta “puede no haber sido perfecta”, pero que la convención de la OIT no es vinculante y que pese al reclamo de las comunidades no se impedirá la continuación de las obras. Brasil adherió al convenio 169 de la OIT el 2003.

El documento de la OIT dice que “la Comisión recuerda que, en virtud del artículo 15 de la Convención, el gobierno (brasileño) está obligado a consultar a los pueblos indígenas antes de emprender o autorizar cualquier programa de explotación de los recursos existentes en sus tierras”.

El informe agrega que Belo Monte podrá alterar la navegabilidad del Xingú, así como la fauna, la flora y el clima de la región. Para la OIT estos impactos “van más allá de la inundación de las tierras o de los desplazamientos de los referidos pueblos”.

En las recomendaciones la OIT aconseja al gobierno brasilero que tome las medidas necesarias para llevar a cabo consultas con los pueblos indígenas afectados, antes de que los posibles efectos nocivos de la mencionada usina sean irreversibles.

A mediados de febrero pasado, el Instituto de Medio Ambiente del gobierno de Brasil (Ibama) multó al consorcio Norte Energía por el atraso en la implementación de un proyecto de compensación ambiental.

La multa asciende a unos 7 millones de reales (4 millones de dólares) y exige al consorcio empresarial presentar un plan para ponerse al día con los programas ambientales.

 

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400 personas han sido desalojadas de sus casas por la construcción de un canal del río Xingú.

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