Comunidades Indígenas se movilizan por la liberación de los dos capitanes detenidos en la Paragua

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Fuente: Correo del Caroní.

Julio González, capitán del sector Yuwaei Merú y Ramón Elías Mujica, del pueblo de Karunken, fueron detenidos ayer por efectivos castrenses. La Guardia Nacional inició desde el viernes la aprehensión de representantes indígenas acusados de desarmar a militares en La Paragua, el pasado octubre. Miembros de 13 comunidades aborígenes exigieron la liberación de los voceros y rechazaron que una Fiscalía Militar lleve el caso. El viernes apresaron a la autoridad de la comunidad Musuk Pa, Alexis Romero y el sábado a Norberto Pinto, de Kurum Pupai.

“He venido por mi hijo desde muy lejos. Yo lo conozco y él sólo lucha por la justicia para que se respeten los derechos de los pueblos y sus hermanos indígenas”, dijo María de Romero, madre de Alexis Romero, quien es uno de los cuatro capitanes indígenas detenidos por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Con pancartas y caras pintadas, 13 representantes de comunidades indígenas se trasladaron hasta Ciudad Guayana para exigir la libertad de Romero y sus compañeros Norberto Pinto, Ramón Elías Mujica y Julio González, imputados por la Fiscalía Militar por los delitos sustracción de efectos de la Fuerza Arma Nacional y ataque al centinela.

Todos quedaron detenidos por los hechos de agresión y desarme contra castrenses, acontecidos el pasado octubre en La Paragua, municipio Angostura.

Romero, máxima autoridad del pueblo Musuk Pa, fue arrestado el viernes luego que funcionarios militares lo trasladaran desde su casa, en La Paragua, a una supuesta cita con militares en Ciudad Bolívar.

Al llegar a la reunión, en la Quinta División de Infantería de Selva, se encontró con un fiscal y un Tribunal Militar que anunció que estaba arrestado. Sin explicación alguna lo trasladaron al Internado Judicial del estado Monagas, mejor conocido como cárcel de La Pica.

Un día después se utilizó el mismo procedimiento contra Pinto y ayer fueron citados y arrestados Ramón Elías Mujica de la comunidad Karunken y Julio González de Yuwaei Merú, estos tres permanecen internados en la Quinta División de Infantería de Selva.

Caso vulnerado
Para los representantes de los pueblos indígenas es indignante la situación que se está viviendo, mas cuando es una Fiscalía Militar la que lleva el procedimiento.

Exigieron que se averigüen las causas que originaron el ataque de octubre antes de tomar acciones contra los capitanes. “Definitivamente estamos en un Estado represivo donde los derechos están reprimidos”, acotó Ricardo Delgado, líder de la aldea pemón.

Aseguraron que la detención de Romero es irregular debido a que en ningún momento se le presentó una boleta de citación. Todo lo contrario, fue convocado a una reunión informal que se convirtió en una entrevista y ahí estaba presente un Fiscal Militar que lo presentó ante el tribunal que lo privó de su libertad.

“No sabemos qué paso, nadie explicó nada. Rechazamos las acciones, están actuando con cobardía para derrotar a los líderes de las comunidades indígenas”, indicaba una de las mujeres presentes en la concentración.

Alegaron que la decisión de atacar y desarmar a los militares fue tomada el 23 de octubre por las comunidades indígenas, después de varias asambleas en las que se tocaron puntos como la situación en las minas y el abuso de poder de los castrenses. “A esas reuniones no asistió ningún funcionarios público ni militares por eso el pueblo tomó acciones por su cuenta”.

Señalaron su descontento con los representantes legítimos ante la Asamblea Nacional por la región. Indicaron que los diputados José Luis González y Yelitza Aray “han cerrado la boca en complicidad con estas acciones irregulares desde octubre”, agregó Delgado.

Irregularidad
El abogado defensor de los detenidos, César Cedeño, informó que el proceso de los cuatro imputados es irregular, manifestando que los detenidos son civiles y se les están imputando delitos militares. “Ellos deben ser juzgados por jueces civiles, hay incompetencia por parte de la Fiscalía Militar, se están apresurando a los hechos sin investigar”.

Finalizó señalando que solicitarán a la Fiscalía Militar que se retracte y haga un debido proceso.

La mamá de Romero, entre lagrimas, pidió apoyo del gobierno “por qué si mi hijo está haciendo una buena labor con su gente, los militares deben agredirlo y tratarlo como un delincuente. Quiero respuestas del gobierno y que dejen a mi hijo y a sus compañeros libres”.

Yajaira González, vocera indígena de La Paragua, agregó que las acciones de octubre fueron tomadas por los indígenas y no por los capitanes, motivados a los atropellos. Aseguró tener pruebas donde queda reflejado que las armas fueron regresadas. “Nuestros capitanes no tienen culpa de lo ocurrido, fue el pueblo quien actuó contra los castrenses y pedimos que los dejen libres, ellos sólo nos sirvieron de apoyo para divulgar todos los atropellos a los que hemos sido sometidos, Romero llegó a la zona el 29 de octubre, un día después de la actuación contra los militares”.

 
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